El texto de una traducción jurada puede ser de cualquier naturaleza, de modo que comprende, entre otros, textos jurídicos y textos judiciales. Lo que determina que una traducción sea jurada es la certificación que la acompaña. Las traducciones jurídicas y judiciales no tienen por qué estar certificadas necesariamente. Mientras que las traducciones jurídicas abarcan textos que requieren unos elevados conocimientos sobre Derecho y las diferencias entre los sistemas jurídicos de los países para los que traduce, las traducciones judiciales pueden presentar términos menos especializados en Derecho y son necesarias en tribunales y juzgados para todo tipo de procesos judiciales. Estos dos tipos de traducción suelen englobarse en la clasificación de textos jurídico-administrativos.
Técnicamente, en un caso hipotético en el que un tribunal requiera la traducción certificada de un decreto en un procedimiento judicial, podríamos hablar de una traducción en la que concurren las tres cualidades: jurada, jurídica y judicial.
Traducción jurada
Entendemos que una traducción es jurada cuando ha sido realizada por un traductor-intérprete jurado debidamente autorizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con capacidad para dotarla de carácter oficial. La finalidad del traductor-intérprete jurado es certificar la fidelidad y exactitud de la traducción mediante su sello y su firma, ya que muchos organismos y administraciones exigen que la traducción esté certificada y, por tanto, jurada. La naturaleza del texto puede ser diversa, dependiendo del trámite para el cual sea necesaria la traducción. Así pues, una traducción jurada no será necesariamente de naturaleza jurídica o judicial.
Traducción jurídica
Hablamos de traducción jurídica cuando el texto en cuestión es de naturaleza jurídica y, por tanto, deberá tenerse en cuenta no sólo la diferencia de idioma, sino también las discrepancias que puedan existir entre los sistemas jurídicos del país de origen y el país de destino. Se trata de textos relacionados con el Derecho que requieren amplios conocimientos en esta materia para ser traducidos.
La Unión Europea ha intensificado la colaboración entre los sistemas judiciales para garantizar que cualquier decisión tomada en un Estado miembro sea reconocida y aplicada en los demás Estados. La cooperación judicial tiene la finalidad de suprimir cualquier obstáculo derivado de las incompatibilidades que pudieran existir entre los distintos sistemas judiciales y administrativos. Como consecuencia, los sistemas jurídicos de los países miembros gozan de una mayor equiparación y normalización lingüística.
Sin embargo, existen muchos casos en los que los términos de un país carecen de equivalente en el idioma del país de destino. En inglés del Reino Unido, por ejemplo, existe el término «fine», que se refiere a toda multa que se aplica en caso de infracción administrativa o policial; y, por otro lado, se utiliza el término «penalty» cuando se trata de una multa por infracción penal. En España, la pena pecuniaria que se impone por una infracción penal, administrativa o policial es para los tres casos una «multa». Por tanto, el traductor jurídico deberá conocer los distintos códigos y recurrir a diccionarios jurídicos especializados y manuales de derecho para determinar la naturaleza del término y buscar su equivalente, si es que existe.
Traducción judicial
Las traducciones judiciales abarcan todos los documentos que forman parte de un proceso judicial, como pueden ser certificados de nacimiento, documentos de identidad, certificados de matrimonio, títulos de propiedad, contratos de compraventa, sentencias, demandas, informes de interrogatorios, convenios internacionales, códigos legales, decretos, etc. La terminología que predomina en estos textos no exige necesariamente unos conocimientos elevados de Derecho. Por otro lado, los órganos judiciales muchas veces exigen que la traducción de este tipo de documentos esté certificada y, por tanto, jurada, lo que a veces lleva a confundir estos dos tipos de traducción.
